Ley corta de salud: negociando vidas humanas

Luis Larraín

Luego de los fallos de la Corte Suprema que ordenaban a la Superintendencia de Salud instruir a las isapres devolver a sus afiliados, si procediere, cotizaciones pagadas en exceso por la aplicación errada de tablas de factores de riesgo, el superintendente Víctor Torres filtró un monto de 1.500 millones de dólares como cantidad a devolver.

Como ésta excede las utilidades de toda la industria en un período de quince años, esa devolución provocaría su insolvencia, arrastrando además a clínicas y médicos. Causaría, adicionalmente, un colapso del sistema público de salud si más de tres millones de personas quedan sin seguros y prestadores privados, incrementando las listas de espera.

“Lo que no dice el superintendente Torres es que una ley corta como la que proponen haría quebrar a varias isapres y dejaría a sus afiliados, cientos de miles enfermos catastróficos, en un limbo”.

La inacción del Gobierno llevó a la comisión de salud del Senado, liderada por Juan Luis Castro, a nombrar una comisión técnica transversal que determinara los montos y plazos correctos de devolución, considerando los fallos y la viabilidad de los pagos, para ser incluidos en una ley corta. En un trabajo de gran solidez técnica, los comisionados, coordinados por los doctores Santelices y Cuadrado, emitieron un informe, unánime, que fijó en 450 millones de dólares la cantidad a devolver en un plazo de 10 años.

No es una cifra menor, equivale a 1,25 veces el patrimonio de la industria. Tampoco es una cifra forzada para rebajar los pagos; de hecho, podría disminuir más si se aplicara el fallo considerando la diferencia entre lo cobrado y el precio base que corresponde, que es mayor al que consideró la Superintendencia, como lo demuestra el Anexo del informe de la comisión técnica.

Pero la ministra Ximena Aguilera anuncia ahora que el Gobierno respaldará una ley con una fórmula que eleva a 1.000 millones de dólares el monto de devoluciones. La comisión consideró dos elementos erróneos del cálculo del Superintendente que, corregidos, llevan la cifra a 450 millones. El primero es que la cotización obligatoria es de 7%, de modo que no corresponde devolver a afiliados que hubieren cotizado menos. Ese criterio fue aceptado por el Gobierno (probablemente dado que se ajusta a su idea de una salud socializada).

El segundo error era que la cifra de 1.500 millones no consideraba el concepto de la mutualización, que se funda en compensar los riesgos de las personas de mayor siniestralidad con aquellas que tienen menos. Haciendo alquimia actuarial, el Gobierno nos dice ahora que sólo procede considerar en el cálculo las cotizaciones que bajan y no las que suben y por eso la cifra ascendería a 1.000 millones de dólares. Ningún seguro, social o privado, puede prescindir del concepto de mutualización. Otra cosa es aberrante.

El superintendente Torres, que es médico, dice que el informe de la comisión no es legalmente compatible con el fallo de la corte, materia en la que es incompetente. Lo que no dice y sí es parte de su función pública, es que una ley corta como la que proponen haría quebrar a varias isapres y dejaría a sus afiliados, cientos de miles enfermos catastróficos, en un limbo mientras se discute cómo un sistema que tiene atrasos de más de 320.000 personas en intervenciones quirúrgicas y dos millones y medio en consultas se hará cargo de ellas.

En una reunión en la casa de Miguel Crispi, según ha trascendido, el Gobierno decidió mejorar su cara frente a la opinión pública, aumentando el monto a devolver a los afiliados. Lo que no estuvo en su consideración, parece, es que con ello condena a la muerte a quizás cuántos miles de enfermos catastróficos.

Alguien en el Gobierno tiene que parar esto.